Presentación

El número 42 de Sinéctica ofrece una mirada profunda al tema de la educación en México desde el ámbito comprensivo de los derechos humanos y la cultura de paz, que son imprescindibles para repensar, como parte de los cambios actuales de nuestro marco constitucional, el tipo de escuelas y experiencias educativas necesarias para construir una sociedad más justa. La incorporación de los derechos humanos en la educación es ya el ingreso de la sociedad mexicana a “un mundo nuevo”, y hace eco del título emblemático del libro de Mary Ann Glendon. Pensar nuestro actual sistema educativo dentro de un paradigma de respeto e igualdad plena para todas y todos continúa siendo un anhelo, a pesar de contar ya con un contexto legal tangible, contenido en nuestra carta máxima y que incorpora como principio a los derechos humanos.

El presente nos enfrenta a una paradoja: si bien puede la sociedad mexicana suscribir la afirmación de Eleanor Roosevelt, quien, en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresaba que estos últimos son la “única justificación de lograr algo tangible que tal vez tenga valor para el futuro” (citada en Glendon, Un mundo nuevo, México, FCE, 2011, p. 69), persisten anomalías en las instituciones de la sociedad y en las estructuras del Estado mexicano que impiden confirmar en la realidad el respeto a las garantías plenas de niñas, niños y jóvenes, quienes continúan bajo el estigma de la “minoría de edad”, homologado con incapacidad.

El sistema educativo mexicano sigue cargando rémoras de un sistema autoritario caduco guiado, en principio, por la reproducción de contenidos excesivos diseñados fuera de todo contexto de aplicación y por la falta de experiencias significativas de aprendizaje en las aulas; en segundo lugar, por la aplicación de la autoridad, por parte del profesorado, de manera preeminentemente arbitraria. La educación centrada en los derechos humanos representa, entonces, una ventana de oportunidad a la tarea de co-construir juntos, Estado y sociedad civil; docentes, autoridades escolares, estudiantes y familias, condiciones para hacer efectivo el pleno reconocimiento de igualdad entre mujeres, hombres, y también niñas y niños, jóvenes y adolescentes, ubicados en zonas urbanas o regiones rurales.

La escuela continúa siendo un microcosmos de los conflictos de nuestra sociedad, visto a través de las relaciones entre estudiantes y docentes, lo cual visibiliza las disfuncionalidades del sistema educativo; ejemplos de ello son las formas usadas por los docentes para determinar quién y cómo se transmite el conocimiento, se legitima el cumplimiento de las actividades, o se tiene derecho a usar la palabra. Establecer con claridad qué le toca a cada quien en el aula está en la naturaleza sistémica de las escuelas, pero la autoridad debe ofrecer una justificación de su comportamiento a partir de los derechos humanos.

La manera convencional de educar y formar en nuestras escuelas conserva aún la idea de que el orden es un factor externo, impuesto, lo cual mantiene una tensión constante entre el derecho de niñas, niños y jóvenes a participar plenamente —garantía consignada en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal (título segundo, capítulo II, inciso d, artículo 1)— en las decisiones que los afectan y las maneras de imposición del orden institucional; esto genera relaciones de convivencia violentas que vulneran los derechos de los y las estudiantes.

La experiencia reciente nos obliga a considerar la necesidad de hacer valer todos los instrumentos internacionales de defensa de los derechos de los grupos vulnerables, como es el caso del modelo educativo de educación y cultura de paz, que incorpora el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, que entiende disciplina y dignidad como componentes indispensables y compatibles con la formación de los jóvenes.

La autoridad en la escuela, como en otros espacios de la vida colectiva, resulta necesaria para resignificar el sentido de la autonomía y del ejercicio de la libertad, no porque las libertades de niñas, niños y jóvenes estén sujetas previamente al cumplimiento de obligación alguna, sino porque el ámbito de acción de los sujetos en sociedad está determinado por la afectación, en su interacción con otros y otras, del núcleo de las responsabilidades; ser libre y autónomo no sucede de modo espontáneo: libre albedrío es una condición inicial, pero acompañada del respeto y consideración a los demás. Lo dicho supone favorecer en los estudiantes una perspectiva de las causas por las cuales se actúa y se toman decisiones, disponiendo de medios para desarrollar sus capacidades y, en este caso, para exigir el cumplimiento de sus prerrogativas, vigilar el cumplimiento de los derechos de los otros, pero sin cometer violencia; ordenar, obligar, recomendar, guiar y responder y obedecer son lados distintos de un mismo proceso.

Los artículos presentados en este número nos ofrecen importantes aproximaciones al difícil problema de hacer compatible y, finalmente, tangible la coexistencia en las escuelas, aunque no sólo en ellas, a partir de un enfoque de derechos humanos; además, nos adelantan respuestas propositivas y nos acercan desde la reflexión de los marcos normativos a la experiencia cotidiana. Tienen los autores en cuenta los conflictos, la violencia dentro y fuera de las escuelas, la falta de credibilidad colectiva en las instituciones, la desconfianza en la existencia de un bien común, la disfuncionalidad estructural de las instituciones, etcétera.

En correspondencia con lo hasta ahora planteado, la temática de nuestro número pone de relieve la trascendencia de volvernos a preguntar sobre el papel del educador, de la escuela y las políticas del Estado como factores capaces de crear condiciones de posibilidad para impulsar el desarrollo de nuestra infancia y juventud desde una perspectiva orientada por valores humanísticos y armónicos, a partir de los cuales todos, independientemente de nuestras diferencias, podamos coexistir.

Alejandro Roberto Alba Meraz

Coordinador del número