Presentación

La relación entre la educación y la justicia social ha tenido diferentes contactos, fricciones y resultados, tanto para entenderse como para conducir intervenciones públicas en distintas arenas y espacios sociales. La justicia social es un concepto amplio, vinculado en sus orígenes a la definición de los bienes y recursos que un grupo social considera valiosos, la forma en que éstos se distribuyen y los criterios que están en la base de su delimitación y distribución. A esta corriente distributiva ya clásica, de raíces económicas y respaldada en el planteamiento de John Rawls, se han agregado nuevas dimensiones como la cultural y la de representación política, sobre todo a partir de las últimas dos décadas del siglo XX. En tales discusiones y reconsideraciones de la dimensión distributiva, ubicamos planteamientos relacionados con Amartya Sen, Michael Walzer, Nancy Fraser, Axel Honnet, Iris Marion Young, entre otros.

De este modo, la justicia social ha ido perfilándose sobre el campo educativo en los últimos años, con base en una tríada compuesta por la redistribución, el reconocimiento y la representación. En dicha narrativa convergen estudiosos e investigadores de distintos países angloparlantes y de lenguas latinas, como Linda Darling-Hammond, Marilyn Cochran-Smith, Henry Giiroux, Pablo Latapí, Juan Carlos Tedesco, Axel Rivas, Cecilia Veleda, François Dubet, Marie Duru-Bellat, Javier Murillo, Reyes Hernández, Robert/Raewyn Connell, entre otros, con itinerarios diversos según los países y regiones.

Apuntamos que es más o menos evidente el signo positivo de la justicia educativa (o escolar), aunque equidistante de su realización, pero al mismo tiempo su fuerza para diagnosticar injusticias. No obstante que en términos formales la desigualdad escolar ha ido decreciendo, principalmente por la expansión y el fortalecimiento de los sistemas escolares de las últimas décadas, hasta hoy, cuestiones como los ingresos familiares, el lugar de residencia, el sexo/género, la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, ciertos arreglos institucionales, entre otros, son factores que continúan marcando injusticias en los resultados y en los aprendizajes educativos de personas y grupos sociales. En dicho contexto, la escolarización constituye un bien y un recurso que contribuye tanto a la consecución de otros bienes y recursos como al logro de objetivos más amplios. Sin embargo, para vastos sectores de la población, ésta sigue siendo un bien escaso, un derecho parcial e incluso nulamente ejercido, ya sea porque no tienen acceso a ella o porque la que reciben no les resulta pertinente ni significativa para mejorar sus niveles de bienestar.

En este marco global, e iberoamericano en particular, podemos señalar la emergencia, cada vez con más fuerza, de la idea de justicia educativa o la justicia social en la esfera educativa, tanto en el ámbito de organismos internacionales (basta citar que, en 2007, la ONU proclamó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social) como en los círculos académicos y gubernamentales.

En los discursos académicos se trata de un nuevo aire que pretende renovar el optimismo y el potencial de las escuelas, que haga posible sociedades más justas, o simplemente menos injustas. Sin embargo, también es un campo en disputa con otros conceptos como equidad, igualdad, inclusión, entre otros. En todo caso, apelar a la justicia ha venido convergiendo de manera discursiva, aunque a menudo divergiendo en las prácticas, en el llamado a renovar la apuesta contra el determinismo social de los aprendizajes. Asimismo, se ha postulado como un eje central de las políticas públicas de mejora de la educación, ante tantas decepciones de ensayos previos y vigentes, y hasta de guía o ideal que oriente las acciones en las aulas. Se trata, en fin, de la más reciente tentativa por construir o reconstruir sentidos para los agentes que buscan cambiar las estructuras y la vida cotidiana del campo de la educación y la escolarización, adecuados y justos a los tiempos que corren.

Por las razones planteadas, en este número 46 de Sinéctica convocamos a investigadores y especialistas para abordar la problemática de la educación como parte de la justicia social en el espacio iberoamericano. Debemos señalar que esta iniciativa es parte de un trabajo colectivo cuya sede es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, en el marco del seminario de investigación: “Justicia social, inclusión y equidad en la educación mexicana”. Dicho colectivo, puesto en marcha a partir de 2014, es coordinado por la doctora Judith Pérez Castro y los doctores Sebastián Plá Pérez y Jesús Aguilar Nery. Se trata de un espacio académico donde convergen investigadores, profesores y estudiantes de diversas instituciones, sobre todo del centro del país, para compartir reflexiones, dialogar y construir conocimiento en estos temas y problemas.

En tal sentido, la convocatoria para este número atrajo la atención de varios académicos en ambos lados del Atlántico, desde diferentes ramas de las ciencias sociales y humanas. No obstante, es preciso reconocer que el contenido del dossier es una pequeña diapositiva de la investigación, el debate y la reflexión acerca de la cuestión citada; sabemos que no es representativa de todo el espectro de estudios, pero sí es indicativa del momento y el contexto que compartimos, para hacerlo inteligible y, tal vez, base de acciones enfáticamente interesadas en la justicia como concepto, teoría, ideal o creencia (entendida como disposición para la acción) o, de modo sucinto, como praxis.

Los textos del eje temático seleccionados, decantados del proceso de dictamen, presentan variados problemas y acercamientos (sobre todo en la corriente interpretativa) casi en todos los niveles escolares; también, reflexiones y sugerencias generales y particulares, así como ejercicios comparativos en torno a los sentidos e historicidad de la relación entre educación y justicia. En breve, pluralidad de miradas. La muestra de textos reseñada a continuación ofrece una trama singular que nos asoma a la reflexividad de una parcela de la investigación educativa, la cual, sin duda, tomará mayor densidad en futuros recuentos.

El texto de Jesús Aguilar aborda el desarrollo del concepto de justicia educativa en Iberoamérica desde una mirada comparada en tres países; argumenta algunas razones para explicar la emergencia de dicho concepto y su reciente convergencia: la percepción de un incremento en las desigualdades sociales y su correlato en el campo educativo, la renovación de expectativas futuras relacionadas con demandar una distribución equitativa de aprendizajes o de conocimientos significativos, y la externalización de los discursos nacionales. Concluye señalando cierta tendencia convergente en los discursos, pero una variación en las prácticas derivadas de cada tradición nacional. Se trata de una visión panorámica que, en cierto modo, sirve de plataforma para los demás estudios.

El texto de Ivania de la Cruz, a través de un estudio de caso múltiple, contrasta las expectativas de los jóvenes estudiantes rurales con las circunstancias que los enfrentan al graduarse en Oaxaca, a la luz de la teoría de la reproducción y del concepto de colonialismo interno. Según la autora, ambos insumos le permiten entender por qué los jóvenes de estas comunidades valoran la educación a pesar de que no obtienen los beneficios esperados.

Inmaculada López y Ana Esther Escalante realizan un análisis comparativo de las percepciones del estudiantado sobre la igualdad y la violencia de género entre una universidad española y otra mexicana. Por medio de grupos de discusión, cuestionarios y observaciones, concluyen que en ambas universidades siguen existiendo elementos que generan desigualdades, discriminación e, incluso, violencia de género.

Maike Kreisel retoma los hallazgos de una investigación previa en telesecundaria para abordar de qué manera la interculturalidad se significa en los diferentes niveles de concreción curricular, así como la relevancia de repensar las lógicas verticales del currículo nacional. Según la autora, emerge la necesidad de comprender el currículo desde las prácticas situadas y el papel de sus actores en la rearticulación cotidiana de éste en aras de una mayor justicia social y cognitiva.

Christopher James y Elsa Guzmán, a partir de una investigación llevada a cabo principalmente en una secundaria y dos primarias en el sur de Jalisco, revelan que los maestros no están interesados en la participación activa de los progenitores, la cual ven como una intromisión a su aula, por lo que se trata de un campo minado de motivaciones encontradas que terminan en un divorcio de mutua conveniencia en el cual cada parte acuerda dejar en paz a la otra. Esto, concluyen los autores, nulifica el potencial para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que son los que pagan los platos rotos.

Mauricio List expone formas en que opera la homofobia en el contexto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, discute los conceptos de homofobia, bullying homofóbico y el reconocimiento de la diferencia, así como la manera en que los universitarios se visibilizan en ese entorno académico.

Blanca Trujillo, Juan Ramos y José Serrano, con base en una indagación en dos escuelas de educación media superior del valle de México, reflexionan acerca de la experiencia escolar que tienen los estudiantes; describen los efectos de tal experiencia y las estrategias institucionales para atender la reprobación, y plantean los límites de la escuela que se sostiene en la noción de un sujeto carenciado. Muestran la necesidad de una perspectiva centrada en lo pedagógico, que recupere el papel central del educando como sujeto de saber, y mire a la escuela como una comunidad de aprendizaje y no como una institución de asistencia.

Gabriela de la Cruz analiza el concepto de justicia curricular y sus diversas implicaciones para el campo de la educación, en general, y para los centros educativos y la práctica pedagógica, en particular. Concluye que dicho concepto, orientado a la promoción de aprendizajes significativos y valiosos, es una vía potente para reestructurar los centros educativos y la vida al interior de las aulas.

Roberto Sanz y Ángela Serrano reflexionan en torno al tema de la justicia social y su influencia sobre los recursos y las políticas destinados a la educación. De modo general, siguiendo a Martha Nussbaum, argumentan acerca del derecho a aprender y el desarrollo de una educación de calidad. Asimismo, proponen un decálogo de principios educativos para lograr una educación que promueva la justicia social.

Gustavo Enríquez y Cecilia Martínez buscan cuestionar la posición de poder y privilegio que ha prevalecido en la idea de ciudadano a través de la cual se desconoce al cuerpo y la diferencia humana. Sobre esta base, plantean tres ejes de discusión: el otro como diversidad humana; la ciudadanía desde el cuerpo y la ciudadanía como diversa y ampliada.

Judith Pérez sostiene que en México el tema de la inclusión educativa de las personas con discapacidad en el nivel superior se incorpora como parte de los discursos, políticas y prácticas educativas hasta principios del siglo XXI, principalmente como resultado de los avances que a nivel internacional se habían logrado en esta materia y también por una demanda específica de la población con discapacidad. Sin embargo, pocas universidades han instrumentado medidas para atender las necesidades de este sector, aunque no siempre las han logrado integrar como parte de una política institucional.

Gerardo Malaga analiza las significaciones de la justicia social halladas en tres planes de estudio de educación básica mexicana (preescolar 2004, secundaria 2006 y primaria 2009). El resultado de analizar la justicia social, en su emplazamiento académico normativo, le permitió ubicar tres significaciones, una por cada nivel educativo: como principio subyacente en preescolar; como valor y principio democráticos en secundaria; y como reverso positivo en primaria. El argumento que sostiene el autor es que en los planes de estudio indicados, la justicia se significa de manera reduccionista frente a la multiplicidad y complejidad de lo social.

Joaquín Gairín e Inés Suárez proponen repensar el rol de las universidades como organizaciones inclusivas, debiendo asumir el proceso de inclusión bajo tres ejes: como un proyecto coherente con la misión y objetivos institucionales, orientados a promover el desarrollo pleno de todos los estudiantes; global, por cuanto afecta a las estructuras de la propia institución; e integral, puesto que debe contar con la implicación de todos los actores (directivos, administrativos, profesorado, estudiantes).

Si bien la justicia social es algo más amplio que la justicia educativa y ésta es más que la justicia escolar, reconocemos que, en sentido estricto, la muestra del dossier hace hincapié en el último caso; es decir, se abordan las relaciones entre justicia y escuela o justicia en el sistema escolar. No obstante dicho sesgo, consideramos que el abanico de miradas abre arenas de debate e intercambio, que esperamos motive a los lectores especialistas y legos.

Jesús Aguilar Nery