ISSN: 2007-7033 | Núm. 67 | e1852 | Sección abierta: artículos de investigación
La praxis docente con adolescentes infractores:
un estudio de caso en el CERSAI 1
de Chihuahua, México
Teaching practice with adolescents in conflict with the law:
A case study at CERSAI 1 in Chihuahua, Mexico
Paúl Adrián Torres Terrazas*
Jorge Alan Flores Flores**
El artículo analiza la actividad docente en el acompañamiento educativo y socioemocional de adolescentes privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores 1, en Chihuahua, México. El estudio se sustenta en literatura especializada y enfoques teóricos sobre educación en contextos de encierro, los cuales destacan su función como factor protector. Metodológicamente, corresponde a una investigación cualitativa, no experimental, desarrollada mediante un estudio de caso y entrevistas en profundidad. El instrumento fue validado previamente por un panel de tres expertos, con un coeficiente de validez de contenido de 0.826 y una probabilidad estadística de error promedio de 0.0032. Las entrevistas se aplicaron al 66% del cuerpo docente, seleccionado mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados muestran que la construcción de vínculos de confianza, el acompañamiento emocional y las estrategias pedagógicas sensibles al contexto de internamiento favorecen la apropiación de los espacios educativos y la motivación académica. Se concluye que los docentes trascienden su función académica al atender las necesidades emocionales de los estudiantes y suplir, en muchos casos, la ausencia de referentes familiares positivos.
Palabras clave:
adolescentes infractores, delincuencia juvenil, reinserción social, pedagogía penitenciaria, contextos de privación de libertad
The article analyzes teaching practices in the educational and socio-emotional support of adolescents deprived of liberty at the Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores 1, in Chihuahua, Mexico. The study is grounded in specialized literature and theoretical approaches to education in contexts of confinement, which emphasize its role as a protective factor. Methodologically, it is a qualitative, non-experimental study, developed through a case study design and in-depth interviews. The instrument was previously validated by a panel of three experts, obtaining a content validity coefficient of 0.826 and an average statistical error probability of 0.0032. The interviews were conducted with 66% of the teaching staff, selected through non-probabilistic convenience sampling. The results show that the construction of trust-based relationships, emotional support, and pedagogical strategies sensitive to the context of confinement foster students’ appropriation of educational spaces and academic motivation. The study concludes that teachers transcend their academic role by addressing students’ emotional needs and, in many cases, compensating for the absence of positive family role models.
Keywords:
juvenile offenders, juvenile delinquency, social reintegration, prison pedagogy, contexts of deprivation of liberty
Recibido: 9 de marzo de 2026 | Aceptado para su publicación: 29 de junio de 2026 |
Publicado: 7 de agosto de 2026
Cómo citar: Torres Terrazas, P. A. y Flores Flores, J. A. (2026). La praxis docente con adolescentes infractores: un estudio de caso en el CERSAI 1 de Chihuahua, México. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (67), e1852. https://doi.org/10.31391/XGEQ7007
* Maestro en Investigación Humanística y estudiante del doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Líneas de investigación: educación en privación de la libertad y entornos escolares inclusivos. Correo electrónico: p252729@uach.mx/ https://orcid.org/0000-0002-0074-2915
** Doctor en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y beneficiario del FOMAC, Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Líder del cuerpo académico “Filosofía y análisis de la cultura”. Líneas de investigación: filosofía social y educación. Correo electrónico: p252729@uach.mx/ https://orcid.org/0000-0002-9523-2335
Introducción
El perfil sociodemográfico de las personas adolescentes en conflicto con la ley, dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, muestra que, durante 2022, a nivel nacional se estimaron 3,413 adolescentes sujetos a dicho sistema. De estos, 1,030 cumplían una sanción de internamiento, lo que equivale aproximadamente al 30.2% del total (INEGI, 2022b).
En lo referente a la infraestructura penitenciaria nacional, al cierre de 2023 México contaba con 331 centros penitenciarios y especializados: 14 centros penitenciarios federales, 266 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados destinados al internamiento o semiinternamiento de personas adolescentes (INEGI 2024). Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2023b) reportó la supervisión de 45 centros de internamiento para adolescentes localizados en el territorio nacional.
En el contexto regional, el sistema penitenciario del estado de Chihuahua está conformado por once centros, ubicados en siete municipios de la entidad (CEDH, 2022). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), Chihuahua cuenta con nueve centros penitenciarios estatales y dos centros especializados, lo que suma un total de once instituciones penitenciarias y de internamiento.
En cuanto a la capacidad instalada, Chihuahua registró una tasa de ocupación de 108.3 personas privadas de la libertad o internadas por cada cien espacios disponibles, cifra superior al límite de su capacidad instalada (INEGI, 2024). La sobreocupación constituye una problemática grave, ya que incide en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, así como en las condiciones institucionales necesarias para garantizar procesos adecuados de reinserción social.
Las cifras demográficas de la población adolescente en conflicto con la ley muestran que Chihuahua se ubica entre las entidades con mayor incidencia en esta materia. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, durante 2021 Chihuahua concentró el mayor número de personas adolescentes procesadas o imputadas, con 1,389 casos registrados (INEGI, 2022a). Esta situación evidencia la fragilidad del tejido social, así como la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, intervención socioeducativa, reinserción y acompañamiento institucional.
En cuanto a la edad, la CNDH (2022) reportó que, entre las personas adolescentes y jóvenes en centros de internamiento, el 46.71% tenía entre 17 y 18 años. Investigaciones previas documentan que las historias de vida de los jóvenes en detención suelen estar atravesadas por experiencias de desintegración familiar, abandono escolar, exposición temprana a adicciones y trabajo infantil (Alarcón, 2023). Asimismo, la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (INEGI, 2022b) identificó que el 43.1% de las personas adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal refirió haber abandonado su hogar al menos una vez en su vida; de este porcentaje, el 64.3% lo hizo entre los diez y los quince años de edad.
En comparación con la encuesta nacional anterior, la proporción de personas adolescentes que refirió haber abandonado su hogar aumentó del 39.3% en 2017 al 43.1% en 2022, lo que representa un incremento de 3.8 puntos porcentuales en un periodo de cinco años (INEGI, 2017, 2022b).
La ausencia de madres, padres, cuidadores o tutores legales puede incrementar la vulnerabilidad de las personas adolescentes frente a contextos de riesgo social (Macedonio y Carballo, 2020). Asimismo, las experiencias vividas durante las primeras etapas del desarrollo humano, tanto positivas como negativas, tienen repercusiones directas en la adultez (Valderrama, 2016). Los núcleos familiares disfuncionales pueden contribuir a la normalización de comportamientos violentos y caracterizarse por condiciones de inestabilidad emocional (Magaña, 2025). Conocer estos antecedentes representa un punto de partida para analizar los factores estructurales y contextuales asociados con las trayectorias delictivas juveniles en México.
Las relaciones familiares conflictivas y deterioradas constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de violencia filioparental, entendida como la expresión de conductas agresivas ejercidas por hijas e hijos hacia sus madres, padres o cuidadores (Mendoza et al., 2025). No obstante, el riesgo de involucrarse en comportamientos delictivos no reside en la desintegración familiar en sí misma, sino en las violencias, omisiones, carencias afectivas y condiciones de disfunción que pueden atravesarla (Zuchel, 2008). En este sentido, la conducta delictiva juvenil debe comprenderse como un fenómeno multifactorial, que no depende en forma exclusiva del ambiente familiar ni está determinado por una única causa (Valenti y Acevedo, 2019).
La delincuencia juvenil representa una problemática social y estructural compleja, asociada con factores socioeconómicos, familiares y educativos, que se agrava en contextos de pobreza, violencia y exclusión social (Zambrano et al., 2022). En México, las conductas delictivas cometidas por adolescentes que viven en condiciones inseguras, inestables y precarias suelen interpretarse como un problema de seguridad pública, y no como la expresión de desigualdades estructurales profundas, falta de acceso a derechos humanos básicos y desventajas sociales acumuladas (Alaminos, 2024; Davis, 2003).
Frente a las lógicas punitivas que aún persisten en el sistema penal, la justicia restaurativa ofrece un enfoque alternativo centrado en la reparación del daño, la responsabilización activa de la persona adolescente y la reconstrucción de los vínculos comunitarios afectados por el delito (Macedonio y Carballo, 2020). Desde esta perspectiva, la educación en contextos de encierro adquiere un papel estratégico, ya que contribuye a generar las condiciones subjetivas necesarias para que el adolescente pueda asumir su responsabilidad frente al daño causado, desarrollar empatía y reconstruir un proyecto de vida basado en la legalidad.
La justicia restaurativa no niega la necesidad de la sanción, sino que la resignifica al incorporar procesos de mediación, diálogo y reparación como componentes esenciales de la intervención penal juvenil (González y Panchi, 2024). La articulación entre pedagogía penitenciaria y justicia restaurativa posibilita líneas de intervención que trascienden la dimensión estrictamente académica de la educación en contextos de encierro, al vincularla con procesos más amplios de transformación subjetiva y reintegración social.
En México, la sanción penal resulta insuficiente cuando no se acompaña de recursos, gestión institucional y presupuesto público adecuados para atender las condiciones estructurales y sistémicas que inciden en los comportamientos delictivos (García et al., 2025). El aparato punitivo del Estado suele desatender las causas subyacentes que afectan la calidad de vida de los grupos sociales más vulnerables. En consecuencia, la desprotección de las infancias puede causar situaciones de riesgo que faciliten el involucramiento en trayectorias delictivas (Alarcón, 2023). Así, aunque sancionar a quienes infringen la ley responde a demandas legítimas de justicia y seguridad, el paradigma punitivo limita la capacidad del sistema de justicia penal para abordar las condiciones sistémicas que perpetúan el fenómeno de la delincuencia.
El reconocimiento de características coincidentes y reiterativas en las vidas de las personas adolescentes en conflicto con la ley en México ha impulsado un creciente interés criminológico por el análisis de los factores contextuales, sociales e individuales involucrados en la comisión de delitos (Díaz et al., 2024; Enjuanes y Morata, 2019). Desde la teoría del delito, las conductas delictivas pueden interpretarse como resultado de una compleja interrelación entre decisiones personales, desventajas sociales y condiciones estructurales que limitan el acceso a derechos humanos básicos y restringen las oportunidades legítimas de desarrollo (González y Panchi, 2024; Zambrano et al., 2022; Zuchel, 2008).
Las trayectorias de vida caracterizadas por experiencias adversas tempranas durante la infancia pueden derivar en una exposición reiterada a situaciones traumáticas, con efectos en la sensibilidad emocional de las personas adolescentes (Ugalde y Urzúa, 2021). Por lo tanto, un desarrollo socioemocional adecuado se encuentra condicionado tanto por la disponibilidad de recursos materiales como por la cercanía de entornos familiares protectores (Álvarez, 2014). En este sentido, la relación cercana con un núcleo familiar estable puede fortalecer los principios morales, mientras que la convivencia con pares involucrados en conductas infractoras puede debilitar o sustituir dichas convicciones (Birkbeck et al., 2026).
Las circunstancias que configuran las trayectorias de vida de las personas adolescentes en conflicto con la ley constituyen insumos relevantes para identificar situaciones de riesgo y desprotección social. Estos factores coincidentes también representan un recurso analítico para el diseño de pedagogías penitenciarias, en tanto permiten a los especialistas comprender e intervenir en las causas subyacentes de las conductas delictivas (Enjuanes y Morata, 2019).
Desde el enfoque crítico de la criminología, la delincuencia juvenil se comprende cada vez más como un comportamiento adquirido durante los procesos de socialización del ser humano en las etapas tempranas de la infancia, y no como un rasgo de carácter presente desde el nacimiento (Tsukame, 2008). Esta perspectiva permite entenderla como un fenómeno vinculado con las condiciones del contexto social y moldeado por estas (Vallés, 2016). Los adolescentes que han sido víctimas de delitos tienden a mostrar principios morales más consolidados; en cambio, quienes han cometido delitos, ya sea únicamente como infractores o también como víctimas, pueden presentar convicciones morales menos arraigadas (Birkbeck et al., 2026). En consecuencia, los comportamientos delictivos pueden ser modificados e interrumpidos si se interviene con oportunidad en los factores familiares, sociales, individuales y estructurales que inciden en su desarrollo (Dionne y Zambrano, 2009).
Existe evidencia empírica, en contextos penitenciarios, sobre estrategias pedagógicas basadas en la educación emocional y la socialización, las cuales contribuyen a fortalecer la autoestima y el compromiso educativo de los adolescentes privados de la libertad (Macías y Rodríguez, 2023). Asimismo, investigaciones previas han demostrado que la construcción de vínculos de confianza y el reconocimiento de los antecedentes de disfunción familiar de los adolescentes pueden desarrollar un sentido de pertenencia, además de favorecer el aprendizaje y la motivación académica (Escobedo y García, 2025).
Los espacios escolares que fomentan la reflexión narrativa y crítica sobre situaciones de conflicto, victimización o conductas infractoras promueven la autoconciencia moral y la regulación emocional, sobre todo en contextos marginales donde la transgresión tiende a normalizarse (Birkbeck et al., 2026). Asimismo, el fortalecimiento de la inteligencia emocional y de la comunicación asertiva puede reducir la reincidencia en conductas disruptivas cometidas por adolescentes con agresividad y dificultades en habilidades sociales (Losada et al., 2026).
Si bien existen investigaciones previas sobre educación en contextos de encierro y reinserción juvenil en América Latina, la literatura especializada evidencia una escasez notable de estudios que analicen de manera específica la praxis docente en el sistema de justicia penal juvenil en México, desde un enfoque cualitativo situado en un contexto estatal concreto. Los trabajos disponibles se centran predominantemente en análisis normativos, datos estadísticos nacionales o estudios realizados en otros países de la región. En este sentido, nuestra investigación aporta evidencia empírica situada sobre las condiciones, estrategias pedagógicas y tensiones que caracterizan la labor de los docentes en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI 1) de Chihuahua, entidad que, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, ocupó durante 2021 el primer lugar nacional en número de personas adolescentes procesadas o imputadas.
El alcance del estudio frente a las investigaciones previas consiste en analizar las condiciones socioemocionales de las personas adolescentes en conflicto con la ley y su relación con las prácticas pedagógicas desarrolladas en el sistema de justicia penal juvenil del estado de Chihuahua. Esta doble especificidad define su originalidad y contribuye a atender un vacío en el conocimiento sobre la educación penitenciaria juvenil, campo escasamente explorado a nivel estatal y regional.
El estudio que presentamos se inscribe en una perspectiva crítica y humanista que comprende la educación como un derecho humano fundamental que no se suspende con la privación de libertad. Asimismo, la labor docente en contextos de encierro se entiende como una práctica de resistencia, acompañamiento y restitución de derechos frente a las condiciones estructurales y punitivas que inciden en la reproducción de la delincuencia juvenil. Desde este posicionamiento, el análisis no parte de una visión funcionalista de la reinserción, entendida solo como retorno al orden social, sino de una concepción amplia que reconoce la necesidad de transformar las condiciones de origen que vulneran a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal, así como de restituir su acceso a los derechos educativos, sociales y emocionales que han sido históricamente afectados.
Consideraciones metodológicas
El propósito central de la investigación consiste en explorar en profundidad la praxis pedagógica en las instituciones penitenciarias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el estado de Chihuahua, México. De manera específica, analizamos la labor de los docentes del CERSAI 1, así como su función como facilitadores en los procesos de acompañamiento emocional de las personas adolescentes en conflicto con la ley.
El diseño de la investigación corresponde a un estudio de caso instrumental, con base en los planteamientos de Guzmán (2021) y Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). El método empleado es hermenéutico-fenomenológico. Desde su enfoque paradigmático, se trata de una investigación cualitativa, de naturaleza no experimental.
El cuerpo académico del CERSAI 1, ubicado en Chihuahua, estaba integrado por un total de nueve docentes en activo al momento del trabajo de campo. Para la selección de los participantes, recurrimos a la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia (Etikan et al., 2016). La muestra estuvo conformada por seis docentes, lo que equivale al 66% del total, seleccionados en función de su trayectoria profesional reconocida en la institución, su disponibilidad durante el periodo de recolección de datos y su participación voluntaria en el estudio. Los tres docentes restantes no formaron parte de la muestra debido a incompatibilidad de horarios o por decisión propia de no incorporarse a la investigación. Esta información se detalla con el propósito de permitir al lector una valoración más precisa del alcance real del estudio.
Respecto al perfil de los participantes, los seis docentes que fueron parte de la muestra son profesores formalmente contratados por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, organismo estatal responsable de operar programas educativos dirigidos a personas jóvenes y adultas, incluidos aquellos desarrollados en contextos de internamiento.
Los docentes penitenciarios no son profesores contratados de manera directa por el sistema de justicia penal ni forman parte de la estructura administrativa del centro. Su vínculo laboral corresponde a una institución educativa externa, por lo que no dependen de la administración penitenciaria. En este sentido, se trata de docentes con un margen relativo de autonomía respecto del sistema de internamiento, cuya labor se desarrolla desde una propuesta académica externa. Esto les otorga cierta libertad pedagógica, aunque su práctica docente se lleva a cabo, en todo momento, dentro de las instalaciones y restricciones propias del contexto carcelario.
En cuanto a su formación profesional, todos los participantes cuentan con estudios de licenciatura en áreas de educación, ciencias sociales o humanidades. Su experiencia laboral en el centro penitenciario varía entre dos y ocho años de antigüedad. Cuatro de los docentes entrevistados contaban con experiencia previa en el sistema educativo público ordinario antes de incorporarse al CERSAI 1. Asimismo, cinco docentes han desempeñado parte de su trayectoria profesional en contextos de educación para adultos o en atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. A fin de preservar el anonimato de los participantes y evitar riesgos a su integridad, sus testimonios se identifican en el texto mediante claves alfanuméricas, de D1 a D6.
La recolección de información se realizó mediante el diseño y la aplicación de un protocolo de entrevista semiestructurada y participativa, integrado por 18 preguntas en profundidad, con base en los planteamientos de Díaz-Bravo (2013). Esta técnica permitió una exploración narrativa de las experiencias de los docentes, sus estrategias pedagógicas y sus percepciones sobre el proceso educativo en contextos de privación de la libertad.
Respecto a su temporalidad, se trata de una investigación transversal, debido a que la recolección de datos se llevó a cabo en un único periodo. Los instrumentos de recopilación de información se aplicaron en tres etapas: la primera, el 19 de enero de 2026; la segunda, el 26 de enero de 2026; y la tercera, el 2 de febrero de 2026.
El instrumento de recopilación de información fue validado antes de su aplicación mediante el análisis de un panel conformado por tres expertos en el tema. Como resultado, se obtuvo un coeficiente de validez de contenido de 0.826, calculado con fundamento en la propuesta de Hernández-Nieto (2002), con una probabilidad estadística de error promedio de 0.0032.
En lo referente a su estructura, el instrumento consistió en un protocolo de entrevista semiestructurada y participativa, diseñado a partir de los planteamientos de Díaz-Bravo (2013). Las entrevistas fueron videograbadas y luego transcritas. Los 18 ítems del instrumento fueron validados antes de su aplicación y se organizaron en seis secciones temáticas: población estudiantil; métodos pedagógicos y resultados académicos; convivencia social; desafíos del entorno penitenciario; experiencia personal en la profesión docente; y visiones para el futuro y reflexiones finales. Estas secciones fueron diseñadas con el propósito de brindar al protocolo de entrevista una estructura lógica y sistemática.
En lo concerniente a las estrategias de análisis, el procesamiento de la información cualitativa obtenida en las entrevistas se efectuó con un proceso sistemático de codificación y categorización, apoyado en el software de análisis cualitativo QualCoder, versión 3.8. La cronología del proceso analítico se desarrolló en tres fases. En la primera, las videograbaciones fueron transcritas y organizadas como corpus textual dos días después de la aplicación de cada instrumento, de manera paralela a las siguientes etapas de recolección de información. Esta fase se llevó a cabo entre el 20 de enero y el 4 de febrero de 2026.
Posteriormente, en la segunda fase, se realizó una lectura analítica de los textos con el propósito de identificar unidades de significado. A partir de esta lectura, se procedió a la codificación de los fragmentos textuales, asignando cada segmento a las categorías analíticas apriorísticas previamente definidas con base en la literatura especializada. Este proceso inició el 5 de febrero de 2026 y concluyó el 18 de febrero del mismo año, por lo que abarcó un periodo aproximado de dos semanas.
En la tercera fase, se construyó la matriz analítica de categorías y subcategorías, a partir de la identificación de patrones de significado recurrentes. Esta etapa se desarrolló del 19 al 23 de febrero de 2026. Finalmente, la interpretación hermenéutica de los datos se realizó entre el 24 de febrero y el 5 de marzo de 2026, de manera paralela al proceso de redacción del manuscrito. En conjunto, la cronología del proceso analítico comprendió un periodo de cinco semanas a partir de la última etapa de recolección de datos.
La triangulación de fuentes se realizó por medio del contraste entre los datos de campo obtenidos en las entrevistas, la literatura especializada consultada y los datos estadísticos institucionales disponibles, con el propósito de otorgar mayor rigor y profundidad interpretativa a los hallazgos. Este proceso permitió diferenciar con claridad los resultados provenientes de los datos empíricos, los sustentados en el marco teórico y los derivados de las inferencias analíticas del equipo investigador.
Las categorías de análisis fueron inicialmente apriorísticas y se definieron a partir de la literatura consultada: prisionización; subcultura carcelaria; identidad delincuencial; protección de los derechos humanos; y pedagogía penitenciaria. Además, durante el proceso de codificación emergió de manera inductiva una sexta categoría a posteriori, denominada socioemocionalidad.
Los resultados obtenidos mediante el procesamiento de la información se interpretan con sustento en la literatura especializada que integra el marco teórico. Dicho corpus abarca publicaciones académicas seleccionadas conforme a criterios de inclusión comprendidos entre 2008 y febrero de 2026, así como criterios de exclusión aplicados a publicaciones anteriores a 2008. En particular, se recurre a teorías referentes a los procesos educativos en contextos de encierro, las pedagogías penitenciarias y el desarrollo psicosocial de las adolescencias precarizadas.
Esta investigación se inscribe en un diseño no experimental, en virtud de que las condiciones del estudio no fueron manipuladas de manera deliberada. En cambio, los fenómenos observados en el espacio educativo fueron documentados y luego analizados tal como ocurrieron en su contexto natural, sin intervención directa por parte del equipo investigador (Otzen y Manterola, 2017).
La finalidad de la investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Si bien el muestreo no probabilístico por conveniencia utilizado para definir el grupo de participantes no permite realizar inferencias estadísticas, debido a las delimitaciones propias del tamaño de la muestra (Etikan et al., 2016), ni posibilita generalizaciones hacia otros sistemas penitenciarios de México, su empleo se encuentra metodológicamente justificado y resulta pertinente desde criterios cualitativos, de acuerdo con los autores que integran el marco metodológico del estudio (Guzmán, 2021; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).
Respecto al carácter ético y legal de la investigación, durante el trabajo de campo se adoptaron medidas de protección orientadas a garantizar la confidencialidad y el anonimato de las respuestas proporcionadas por los docentes, con el objetivo de mitigar posibles riesgos derivados del contexto penitenciario. Asimismo, se informó a cada participante sobre la naturaleza académica y legal del estudio, así como los principios del consentimiento informado. La participación de los docentes fue anónima y voluntaria; sus respuestas fueron tratadas con estricta confidencialidad y no implicaron ningún tipo de repercusión negativa. Además del protocolo de entrevista, se diseñaron un protocolo de contingencia para proceder ante posibles eventualidades y un protocolo de retiro voluntario del estudio.
En cuanto a las delimitaciones de la investigación, debido a las restricciones inherentes de tiempo y recursos, no se profundiza en aspectos ajenos al proceso educativo de las personas adolescentes privadas de la libertad. Si bien existen elementos que forman parte del contexto penitenciario y que pueden ser considerados de manera implícita, estos no constituyen el eje central del análisis, el cual se organiza en torno a las cinco categorías analíticas iniciales y una categoría emergente incorporada después.
La investigación se desarrolla en el ámbito del sistema penitenciario juvenil estatal de Chihuahua, lo cual limita la generalización de los resultados a otros sistemas de carácter federal o pertenecientes a otras entidades del país. En consecuencia, las conclusiones de la investigación se derivan del análisis de datos específicos obtenidos en el CERSAI 1, ubicado en la ciudad de Chihuahua, México.
El acceso al centro de internamiento y al contexto institucional en el que se desarrolla la investigación requiere protocolos específicos, filtros de seguridad y permisos institucionales. Los documentos y trámites necesarios para obtener la autorización de ingreso a la institución penitenciaria fueron gestionados con apoyo del área de recursos humanos del Instituto Chihuahuense de la Juventud. En lo referente a la declaración de financiamiento y apoyos recibidos, nuestra investigación se deriva de un proyecto doctoral más amplio, financiado con recursos públicos otorgados por el Programa de Becas Nacionales del Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.
Fundamentación contextual
En el ámbito nacional, la literatura consultada evidencia una escasa capacitación del personal que trabaja con personas adolescentes en conflicto con la ley, así como deficiencias en la infraestructura penitenciaria estatal, escasez de materiales didácticos e insuficiencia de recursos. Estas condiciones limitan la implementación de estrategias educativas adecuadas y reflejan insuficiencias institucionales que condicionan el alcance de las prácticas pedagógicas e impactan de modo negativo en los procesos de reinserción social (Ramírez y Orozco, 2024; Escobedo y García, 2025; García et al., 2025).
En lo referente a la situación educativa, a nivel nacional, el 71.7% de las personas adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes declaró contar con educación básica, es decir, con algún grado de preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada (INEGI, 2022b). En relación con su edad, a una parte importante de esta población le correspondería estar inscrita en educación media superior, ya sea en bachillerato o preparatoria; sin embargo, sus trayectorias escolares suelen estar marcadas por abandono escolar y rezago educativo (CNDH, 2023b).
En lugar de operar como un espacio de contención, el sistema educativo público en México no ha respondido de manera eficaz a las necesidades de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (Canales, 2008). De acuerdo con la CNDH, el 57.16% de la población adolescente encuestada en centros de internamiento refirió que trabajaba antes de su detención; el 22.79% señaló que era estudiante; y el 11.65 % indicó no tener ocupación alguna (CNDH, 2023b).
En México, diversos factores sociales y económicos incrementan el riesgo de deserción escolar en adolescentes en situación de precariedad (Álvarez, 2013). Para muchos adolescentes que abandonan sus estudios, la experiencia escolar se asocia con procesos de exclusión derivados de dificultades conductuales, problemas de aprendizaje, responsabilidades familiares que los obligaron a incorporarse tempranamente al trabajo e involucramiento en actividades ilícitas (Selander, 2012). Los elevados índices de abandono educativo reflejan tanto limitaciones institucionales para retener a los estudiantes como una falta de apoyo familiar suficiente (Trilla, 2010).
Las historias escolares de los adolescentes en detención suelen caracterizarse por altos niveles de absentismo y rezago académico (Labra, 2011). En consecuencia, una proporción significativa de adolescentes relacionados con conductas delictivas ha transitado por un sistema educativo público con limitada capacidad de retención estudiantil, lo que puede reforzar dinámicas de estigmatización, exclusión y expulsión escolar (Selander, 2012). Esta realidad se traduce en cifras concretas: el 58.2% de la población adolescente en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no estudiaba antes de su detención. De este grupo, el 26.0% dejó de estudiar porque tenía que trabajar, mientras que el 23.9% lo hizo porque no le gustaba, no le interesaba o consideraba que no se le facilitaba la escuela (INEGI, 2022b).
La situación educativa de las personas adolescentes en conflicto con la ley debe comprenderse en relación con trayectorias de vida condicionadas por vulnerabilidad social, precariedad económica, desprotección familiar, exposición a violencias y consumo problemático de sustancias. La adolescencia representa una etapa clave en la construcción de la identidad y en el desarrollo psicosocial, la cual puede verse afectada cuando transcurre en entornos de vulnerabilidad, violencia y criminalidad (González y Panchi, 2024). Los estudios en psicología constatan que las experiencias tempranas inciden de forma significativa en la configuración de la vida adulta, y provocan efectos negativos prolongados en los procesos de crecimiento y madurez (Javiera, 2011; Trull y Soler, 2019).
En relación con el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, los datos estadísticos recopilados por la CNDH y la literatura consultada evidencian una alta prevalencia tanto en el entorno familiar como en las trayectorias personales previas a la detención (Ávalos y Homrani, 2018; INEGI, 2022b). El 40% de la población adolescente privada de la libertad encuestada en 2016 señaló que, durante su infancia, al menos una persona de su núcleo familiar consumía alcohol de manera frecuente, mientras que el 21% reportó consumo de sustancias ilícitas o farmacodependencia por parte de algún familiar directo (Azaola, 2016).
A nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, las sustancias psicotrópicas de mayor consumo entre adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes durante los doce meses previos fueron las bebidas alcohólicas, con 48.7%, y el tabaco, con 41.9% (INEGI, 2022b). Asimismo, del total de adolescentes encuestados que reportaron haber consumido drogas, el 20% refirió un consumo constante de múltiples sustancias ilícitas, mientras que el 60% señaló hacerlo de forma diaria, lo que evidencia patrones de consumo problemático y una exposición temprana al uso de sustancias psicoactivas durante etapas clave del desarrollo humano (Azaola, 2016; Ávalos y Homrani, 2018).
El fenómeno de la delincuencia juvenil en México no puede explicarse exclusivamente a partir de condiciones como la pobreza, la disfunción familiar, la desvinculación educativa o el consumo problemático de sustancias. Además de estos factores, las personas adolescentes también pueden ser víctimas de procesos de reclutamiento, coacción o instrumentalización por parte del crimen organizado y de grupos vinculados con el narcotráfico, para realizar actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, vigilancia sobre la presencia de autoridades, protección de líderes delictivos o funciones de sicariato (CNDH, 2019).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en 2015 sobre la magnitud del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos en México, al retomar estimaciones que señalaban que alrededor de treinta mil personas menores de edad habían sido captadas por estas organizaciones. En 2018, dicha cantidad fue estimada en 460,000, lo que evidencia un incremento alarmante en la dimensión del fenómeno, como lo señala el informe del Observatorio Nacional Ciudadano y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (2021). No obstante, este mismo informe advierte que en México no existen cifras oficiales consolidadas sobre el número de niñas, niños y adolescentes vinculados de diversas formas con la delincuencia organizada, por lo que estos datos deben entenderse como estimaciones y no como registros administrativos definitivos.
La criminalización y la victimización no son categorías opuestas ni excluyentes; por el contrario, pueden coexistir de manera simultánea. Incluso, la victimización temprana puede constituir un factor de riesgo para procesos posteriores de criminalización o involucramiento en conductas delictivas (Aguilar et al., 2025). Las personas adolescentes que crecen en entornos de abuso doméstico pueden desarrollar mayores riesgos de reproducir dinámicas de violencia, incluida la violencia filioparental, entendida como aquella ejercida por hijas e hijos hacia sus madres, padres o cuidadores (Mendoza et al., 2025).
La delincuencia juvenil en México constituye un fenómeno social vinculado con condiciones de desigualdad socioeconómica, exclusión y vulnerabilidad estructural (Escobedo y García, 2025). Una parte importante de las personas adolescentes en conflicto con la ley presenta historias previas de marginalidad, victimización y desprotección social (Carrillo, 2025). Factores contextuales como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de apoyo emocional en el núcleo familiar incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes y pueden predisponerlos a situaciones de riesgo asociadas con conductas delictivas (Losada et al., 2026).
En México, las principales conductas delictivas reportadas por la población adolescente en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes fueron: robos, con 21.0%; violación sexual, con 15.4%; homicidio, con 9.5%; portación ilegal de armas de fuego, con 6.2%; y comercio ilegal de drogas, con 4.8% (INEGI, 2022b). La tipología de los delitos registrados en población adolescente constituye un indicio del deterioro del tejido social, caracterizado por la violencia, la exclusión y la normalización de economías ilegales.
La criminalización de las juventudes, en especial de los varones empobrecidos, no se explica solo por los datos estadísticos sobre perfiles sociodemográficos, sino también por lógicas de control social, punitivismo sociocultural y gestión simbólica del orden (Alaminos, 2024). De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, durante 2024 se registraron 2’327,477 personas imputadas en carpetas de investigación abiertas; de ellas, el 98.5% correspondió al sistema de justicia para personas adultas y el 1.5%, al sistema de justicia para adolescentes. Estos registros muestran que las personas adolescentes no concentran la mayor proporción de imputaciones; sin embargo, los adolescentes precarizados suelen ser representados como una amenaza simbólica más fácil de señalar (Farid, 2023), lo que puede derivar en prácticas de vigilancia, estigmatización y persecución más intensas.
En el caso de los perfiles sociodemográficos y de género, a nivel nacional, la población privada de la libertad o internada en centros penitenciarios federales y estatales estuvo conformada por 94.3% de hombres y 5.7% de mujeres al cierre de 2023 (INEGI, 2024). Asimismo, la CNDH reportó que el 92.25% de la población adolescente en centros de internamiento correspondía a varones y el 7.75% a mujeres (CNDH, 2023a). Estas cifras evidencian una marcada disparidad de género en la población penitenciaria y de internamiento, lo que exige fortalecer los procesos institucionales con perspectiva de género e interseccionalidad.
En los países latinoamericanos, la criminalidad se ha asociado culturalmente con la masculinidad a partir de una combinación de factores históricos, sociales y simbólicos, los cuales han consolidado la transgresión, la violencia y el riesgo como estrategias de afirmación identitaria masculina (Gutiérrez, 2024). En el caso de las mujeres, la literatura advierte que, cuando una mujer delinque, se produce una doble transgresión: no solo comete un hecho punible en términos legales, sino que también rompe con normas culturales asociadas a la feminidad, tales como el cuidado, la docilidad y la maternidad (Azcue, 2021). Esto produce una sanción social agravada, en la que la persistencia del estigma afecta de forma más profunda la integración familiar, laboral, académica y social de las mujeres, debido a las expectativas culturales asociadas con su género (Juárez, 2020).
En el contexto nacional, el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar en población adolescente varonil en internamiento y el sexto lugar en población adolescente femenil, de acuerdo con los registros reportados por la CNDH (2023a). Estos datos permiten ubicar la relevancia regional del problema y justifican la pertinencia de analizar las condiciones educativas y pedagógicas del CERSAI 1. En este sentido, la educación en contextos de internamiento no puede reducirse a la transmisión de contenidos académicos, sino que debe comprenderse como una práctica situada que responde a trayectorias marcadas por rezago escolar, precariedad, violencia, consumo problemático de sustancias, desprotección familiar y estigmatización social.
Por ello, el análisis de la praxis docente en el CERSAI 1 adquiere relevancia académica y social, ya que permite comprender cómo los docentes adaptan sus estrategias pedagógicas a una población con trayectorias educativas interrumpidas y múltiples condiciones de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, el acompañamiento docente, la construcción de vínculos de confianza, la atención socioemocional y la adecuación de los procesos educativos constituyen dimensiones centrales para analizar la educación penitenciaria juvenil en Chihuahua.
Resultados
Esta investigación aborda un campo de estudio escasamente explorado a nivel local, en particular en relación con las características, dinámicas y condiciones que configuran los procesos educativos de las personas adolescentes privadas de la libertad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Chihuahua, México. Debido a su temporalidad transversal, los hallazgos se sitúan en un nivel delimitado de alcance; por lo tanto, no es posible formular afirmaciones sobre efectos comprobados en la reinserción social o en la disminución de la reincidencia. Para establecer relaciones causales entre la intervención educativa y la desistencia delictiva, se reconoce la necesidad de desarrollar estudios longitudinales.
Las actividades educativas de los docentes penitenciarios entrevistados se desarrollan en un espacio académico de doble complejidad, debido a que deben adaptar las prácticas pedagógicas de la enseñanza tradicional a un contexto de privación de la libertad, atravesado por limitaciones institucionales relacionadas con la seguridad y la falta de recursos materiales. Asimismo, de acuerdo con la información recabada en el trabajo de campo, una proporción significativa de los estudiantes en internamiento proviene de contextos familiares marcados por dinámicas de disfunción, además de presentar secuelas psicosociales asociadas con problemas de comportamiento, dificultades para respetar las normas de convivencia, actos de indisciplina, baja autoestima, agresiones y conductas violentas.
Los programas educativos impartidos en el CERSAI 1 no se desarrollan con base en la misma lógica del sistema escolar ordinario regulado por la Secretaría de Educación Pública, sino a través de los servicios educativos del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA). Esto implica que la educación en el centro penitenciario estatal opera mediante un modelo alternativo orientado sobre todo a personas adolescentes y jóvenes con rezago educativo. Por ello, el proceso formativo no se rige de manera estricta por las fechas del calendario escolar ordinario ni por la estructura curricular tradicional, sino por una modalidad flexible que busca atender trayectorias educativas interrumpidas, problemas de aprendizaje y necesidades específicas derivadas del contexto de internamiento.
Bajo este esquema de trabajo, los docentes no planifican sus clases a partir de un programa escolar secuencial y estandarizado, sino mediante materiales modulares con temáticas específicas previamente establecidas por el ICHEA. La función de los docentes en el CERSAI 1 consiste en acompañar, guiar y apoyar los procesos de aprendizaje, mediante la adaptación de los contenidos modulares a la velocidad, las necesidades y las capacidades cognitivas de cada estudiante. Esta dinámica responde a la heterogeneidad de la población estudiantil y a la diversidad de ritmos de aprendizaje, incluso dentro de un mismo grupo.
El sistema de educación pública puede representar otro espacio de exclusión para las personas adolescentes precarizadas que viven en situación de vulnerabilidad. Con el objetivo de atender esta problemática, las autoridades del CERSAI 1 asignan a los adolescentes a alguno de los cuatro programas académicos disponibles: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria abierta, no en función de su edad, sino de acuerdo con su nivel de escolaridad. Este criterio busca responder con mayor pertinencia a la desventaja social y a las trayectorias educativas interrumpidas, al permitir procesos de alfabetización y regularización académica acordes con las competencias previas de cada estudiante.
El análisis de las entrevistas en profundidad, realizado mediante QualCoder, permitió identificar y codificar seis categorías analíticas centrales: prisionización, entendida como el proceso de adaptación del adolescente a la cultura y las normas del encierro; subcultura carcelaria, referida a los códigos, jerarquías y dinámicas de convivencia propios del contexto penitenciario; identidad delincuencial, asociada con los procesos de estigmatización y asunción de una identidad infractora; protección de los derechos humanos, que comprende las condiciones de garantía o vulneración de derechos al interior del centro; pedagogía penitenciaria, centrada en las estrategias, recursos y condiciones del proceso educativo en el encierro; y socioemocionalidad, categoría que emergió de manera inductiva durante el proceso de codificación, debido a que los docentes entrevistados hicieron referencia sistemática a la dimensión emocional y afectiva como eje transversal de su práctica educativa.
A continuación, presentamos la siguiente tabla como respaldo empírico de la recurrencia de los patrones identificados, ordenados de mayor a menor frecuencia. Su propósito es complementar el análisis cualitativo desarrollado en los apartados anteriores. Para ello, realizamos un análisis de frecuencias de los códigos obtenidos mediante QualCoder.
La tabla muestra, para cada una de las seis categorías analíticas, sus subcategorías y códigos correspondientes, así como el número de segmentos de texto codificados, el porcentaje de cada código calculado sobre el total de 46 segmentos codificados en el estudio, el número de docentes participantes que hicieron referencia a cada código y su porcentaje correspondiente.
Tabla. Frecuencia de aparición de los códigos de mayor a menor recurrencia
|
Categoría |
Subcategoría/ |
Número de |
Porcentaje |
Número de docentes |
Porcentaje de docentes |
|
Pedagogía |
Estrategias de |
14 |
30.43% |
6 |
100 |
|
Socioemocionalidad |
Manejo de las |
11 |
23.91% |
6 |
100 |
|
Prisionización |
Adaptación a |
6 |
13.04% |
5 |
83.33 |
|
Protección de |
Acceso a beneficios y sanciones |
6 |
13.04% |
3 |
50 |
|
Identidad |
Estigmatización institucional |
5 |
10.87% |
4 |
66.67 |
|
Subcultura carcelaria |
Jerarquías entre internos |
4 |
8.70% |
3 |
50 |
La categoría de pedagogía penitenciaria agrupa los elementos relacionados con las estrategias de enseñanza desarrolladas en contextos de encierro. De acuerdo con las frecuencias de codificación obtenidas mediante QualCoder, la subcategoría estrategias de enseñanza fue la más recurrente, con 14 segmentos codificados, equivalentes al 30.43% del total de 46 segmentos, y presencia en la totalidad de los seis docentes entrevistados. Asimismo, la subcategoría manejo de las emociones y vínculo de confianza registró 23.91% de los segmentos codificados y también fue mencionada por todos los participantes. La recurrencia y distribución de ambas subcategorías evidencian su centralidad dentro de la experiencia educativa analizada.
El análisis comparativo entre dos filas de la tabla permite observar que una misma frecuencia de segmentos puede tener una distribución cualitativamente distinta entre los participantes. Las subcategorías adaptación a normas de encierro y acceso a beneficios y sanciones registraron seis segmentos codificados cada una, equivalentes al 13.04% del total. Sin embargo, la primera fue mencionada por cinco docentes, es decir, por el 83.33% de los participantes, mientras que la segunda apareció solo en tres docentes, correspondientes al 50%. Esto indica que los seis segmentos relacionados con adaptación a normas de encierro se distribuyen entre un mayor número de participantes, aunque con menciones breves; en cambio, los seis segmentos sobre acceso a beneficios y sanciones se concentran en un grupo menor de docentes, quienes abordaron el tema con mayor detalle o recurrencia. Por lo tanto, ambas subcategorías tienen el mismo peso cuantitativo en cuanto a segmentos codificados, pero con una distribución diferente en términos cualitativos.
En contraste, estrategias de enseñanza y manejo de las emociones y vínculo de confianza aparecen en todos los docentes entrevistados y, además, concentran los porcentajes más altos de segmentos codificados en la tabla. Por lo tanto, constituyen los hallazgos más más recurrentes y transversales del estudio, pues combinan una alta densidad discursiva con presencia en la totalidad de los docentes participantes.
Con base en la tabla, es posible diferenciar entre los temas compartidos por el cuerpo académico, aunque abordados de manera breve durante las entrevistas, y aquellos discutidos con mayor intensidad, pero por un número reducido de docentes. En este sentido, las subcategorías estigmatización institucional y jerarquías entre internos presentan los porcentajes más bajos de segmentos codificados.
La estigmatización institucional, perteneciente a la categoría de identidad delincuencial, registra un porcentaje de 10.87 y aparece en el 66.67% de los docentes entrevistados. Se trata de un tema de densidad baja-moderada, debido a que no fue discutido con la misma amplitud que el manejo emocional y el vínculo de confianza; sin embargo, fue mencionado por más de la mitad del cuerpo docente, lo que permite considerarlo un patrón relevante, aunque no dominante.
En cambio, jerarquías entre internos, perteneciente a la categoría de subcultura carcelaria, constituye el código de menor peso relativo en el conjunto de los datos, con el porcentaje más bajo de segmentos codificados, equivalente al 8.70, y presencia únicamente en el 50% de los docentes entrevistados. En términos de alcance entre participantes, comparte el porcentaje más bajo con acceso a beneficios y sanciones. Estos datos sugieren que las jerarquías entre internos fueron un tema secundario frente a los demás códigos analizados y que no constituyen un patrón dominante dentro del corpus empírico.
Asimismo, resulta relevante señalar que los dos códigos con menor frecuencia corresponden a las categorías subcultura carcelaria e identidad delincuencial, las cuales tienden a ocupar un lugar central en la literatura especializada. No obstante, en nuestro estudio muestran un peso empírico comparativamente menor frente a las categorías de pedagogía penitenciaria y socioemocionalidad.
En conjunto, los datos de la tabla muestran una estructura analítica de dos niveles. Por un lado, estrategias de enseñanza y manejo de las emociones y vínculo de confianza constituyen patrones centrales, ya que combinan alta densidad discursiva con consenso total entre los docentes entrevistados. Este resultado sostiene el argumento principal del estudio: la praxis docente en el CERSAI 1 se configura ante todo a partir de estrategias pedagógicas adaptativas y vínculos socioemocionales de confianza. Por otro lado, adaptación a normas de encierro, acceso a beneficios y sanciones, estigmatización institucional y jerarquías entre internos conforman un conjunto de patrones secundarios, con distintos grados de extensión, concentración y recurrencia dentro del corpus analizado.
La adaptación a normas de encierro y el acceso a beneficios y sanciones presentan la misma frecuencia de segmentos codificados; sin embargo, difieren en su distribución entre participantes, pues el primer código aparece en cinco docentes y el segundo en tres.
Por último, la estigmatización institucional y las jerarquías entre internos presentan los porcentajes más bajos y no constituyen hallazgos dominantes. No obstante, se consideran significativos, ya que distintos docentes se refirieron a ambos temas, por lo que aportan información relevante para el análisis cualitativo y la interpretación hermenéutica de los datos.
En relación con la categoría de pedagogía penitenciaria, los testimonios de los docentes evidenciaron de manera consistente la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza al contexto emocional y biográfico de los estudiantes antes de abordar los contenidos curriculares. Uno de los docentes entrevistados señaló: “Antes de enseñarles algo del programa, tienes que conocer qué les pasó, de dónde vienen. Si no hay confianza, no hay aprendizaje” (D2). Esta estrategia pedagógica, orientada a construir el vínculo de confianza como condición previa al aprendizaje académico, fue identificada como una práctica recurrente en los seis docentes participantes.
Respecto a la categoría de socioemocionalidad, los docentes señalaron que el trabajo con las emociones de los adolescentes, en particular la gestión de la ira, la tristeza, la desconfianza y el duelo por la separación familiar, constituye una parte central e ineludible de su práctica educativa cotidiana, como expresó uno de los participantes: “Muchos de ellos no han tenido a nadie que los escuche. Cuando sienten que aquí sí importan, que alguien se interesa por ellos, algo cambia en su disposición hacia la escuela y hacia los demás” (D4). Este testimonio ilustra la dimensión afectiva y de acompañamiento que los docentes asumen como parte inherente de su función, supliendo con frecuencia la ausencia de referentes familiares positivos.
En cuanto a las respuestas institucionales ante las conductas disruptivas, los docentes describieron que las agresiones entre compañeros, los actos de indisciplina y las conductas violentas dentro del espacio educativo son gestionados por las autoridades del centro mediante un sistema de responsabilización individual. Este sistema implica sanciones administrativas puntuales, por ejemplo, la pérdida temporal de beneficios, permisos de visita familiar, acceso a actividades recreativas o participación en talleres. Frente a este mecanismo, los docentes expresaron tensiones y limitaciones: “Las sanciones controlan la conducta en el momento, pero no trabajan lo que está detrás. Nosotros intentamos hacer ese trabajo desde adentro del aula, pero no siempre tenemos las herramientas ni el tiempo” (D6). Esta observación revela una tensión estructural entre la lógica de control institucional y la lógica pedagógica de acompañamiento.
Las estrategias pedagógicas de los docentes entrevistados revelan que han obtenido mejores resultados educativos al priorizar la atención a las carencias afectivas de sus estudiantes y el trabajo socioemocional. En muchos casos, esta labor implica suplir la ausencia de referentes familiares positivos como condición previa para abordar posteriormente los contenidos modulares del programa y el aprendizaje académico. Asimismo, cuando se presentan actos de indisciplina, agresiones entre compañeros o hacia docentes, así como comportamientos violentos, las autoridades del centro penitenciario responden a estas conductas desafiantes desde un enfoque de responsabilización individual y mediante sanciones administrativas puntuales, que pueden implicar la pérdida temporal de beneficios.
El análisis interpretativo de las respuestas obtenidas en las entrevistas en profundidad, sustentado en la literatura consultada, permite señalar que un enfoque educativo centrado en las necesidades afectivas, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la atención individualizada puede generar avances en el aprendizaje de los estudiantes, incluso en alumnos con problemáticas psicosociales y conductuales, así como en contextos restrictivos.
Los resultados del estudio permiten sostener, con base en las percepciones de los docentes entrevistados y en consonancia con investigaciones previas sobre educación en contextos de encierro (Macías y Rodríguez, 2023; Enjuanes y Morata, 2019; Escobedo y García, 2025), que las intervenciones educativas con enfoque humanista, centradas en el reconocimiento de las carencias y desventajas sociales de cada estudiante en detención, generan condiciones favorables para la apropiación de los procesos educativos y el desarrollo socioemocional. Factores como la desvinculación educativa previa, los antecedentes de disfunción familiar, el reclutamiento forzado y el consumo problemático de sustancias constituyen elementos que los docentes identifican y abordan en términos pedagógicos.
El alcance de los resultados procede de los datos obtenidos durante el trabajo de campo; por lo tanto, las afirmaciones y conclusiones de esta investigación se limitan a un contexto regional específico. Los hallazgos permiten sostener interpretaciones sobre las percepciones docentes en torno a los procesos educativos y las posibilidades de acompañamiento en el CERSAI 1, pero no permiten afirmar, con el mismo grado de certeza, efectos comprobados sobre la reincidencia o la reinserción social posterior. En este sentido, los resultados aquí presentados son coherentes con lo observado durante el trabajo de campo y no pretenden generalizar efectos sobre la reinserción social, cuya verificación requeriría estudios pospenitenciarios de seguimiento longitudinal.
Los docentes que desempeñan su profesión en el CERSAI 1 asumen un papel que trasciende la enseñanza tradicional, al actuar como mediadores emocionales, referentes afectivos y guías en la construcción de proyectos de vida basados en la legalidad. Las entrevistas en profundidad contribuyen a visibilizar la compleja naturaleza de la educación en contextos de encierro, al subrayar que la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra condicionada por la capacidad de los docentes para ejercer una pedagogía con dimensiones emocionales y afectivas.
Discusión
La literatura consultada identifica como principales factores de riesgo la precariedad económica, la disfunción familiar, la exposición temprana al consumo de sustancias, la deserción escolar y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. En respuesta a esta realidad, la reincorporación escolar, el tratamiento psicológico, la atención al consumo problemático de sustancias y la intervención oportuna pueden actuar como factores protectores para la desistencia delictiva durante la estancia en internamiento bajo custodia del Estado (Álvarez, 2014; Astorga, 2018). Además de los factores de riesgo, la literatura consultada también distingue factores protectores clasificados como estáticos, dinámicos y parcialmente modificables (Losada et al., 2026). Las intervenciones con personas adolescentes en conflicto con la ley en el estado de Chihuahua se centran en ámbitos educativos, psicosociales, servicios de salud, capacitación laboral y trabajo psicológico mediante modelos terapéuticos aplicados.
El desafío de la formación no recae solo en el esfuerzo de las personas adolescentes, sino también en el sistema encargado de su reinserción social. En situaciones de victimización, la experiencia de haber sido víctima puede asociarse con convicciones morales más consolidadas; sin embargo, este efecto puede verse atenuado por la presencia y cercanía de amigos o pares involucrados en conductas infractoras (Birkbeck et al., 2026). A su vez, los procesos de reinserción se ven obstaculizados por carencias estructurales, falta de acceso a derechos humanos básicos, presupuestos públicos insuficientes y limitaciones materiales (Añaños, 2017).
La estigmatización social y el retorno de las personas adolescentes a entornos de origen conflictivos también representan obstáculos posteriores a la liberación, ya que pueden incrementar el riesgo de reincidencia (Labra, 2011). Ante esta realidad, se destaca la necesidad de adoptar una mirada empática y humanista que considere, dentro de sus alcances de intervención, la atención a los problemas del núcleo familiar y a las circunstancias de origen de las personas adolescentes en conflicto con la ley (Coles y Sánchez, 2025). En este sentido, resulta necesario reconsiderar procesos de reinserción social que involucren también a las familias.
El sistema penitenciario puede reforzar la imagen delictiva de las personas privadas de la libertad. Después de su primer contacto con el sistema de justicia penal, las personas adolescentes en detención pueden sentirse etiquetadas socialmente mediante categorías estigmatizantes (Magaña, 2025). En particular, el estigma de ser consideradas infractoras genera barreras en sus interacciones sociales y puede acompañarlas incluso después de cumplir su medida de sanción y recuperar la libertad (García et al., 2025). La reinserción social constituye un derecho humano; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por ofrecer programas educativos, tratamiento psicológico y talleres de capacitación, las personas adolescentes continúan enfrentando múltiples barreras culturales, institucionales y sociales que perpetúan ciclos de exclusión y dificultan su reintegración en la sociedad (Yasig et al., 2025).
De acuerdo con las percepciones de los docentes entrevistados, una de las principales limitaciones del proceso de reinserción social se relaciona con la falta de continuidad institucional posterior al egreso del CERSAI. Al momento del trabajo de campo, los participantes señalaron que no identificaban un programa sistemático, permanente y suficiente de seguimiento postinternamiento que garantizara la continuidad educativa, la atención médica, el acompañamiento psicológico, la inserción laboral y el apoyo económico de las personas adolescentes una vez concluida su medida de sanción.
El regreso a la comunidad puede transformarse, en algunos casos, en una experiencia de abandono institucional y desatención social. La ausencia de seguimiento efectivo dificulta la continuidad de los estudios, el acceso a servicios de salud, la atención psicológica y la incorporación al ámbito laboral. En consecuencia, algunos adolescentes enfrentan obstáculos para construir estabilidad económica, bienestar emocional y proyectos de vida alejados de la ilegalidad, lo que puede incrementar el riesgo de reincidencia.
Las respuestas de los docentes entrevistados señalan que la insuficiencia de programas de seguimiento postinternamiento constituye un factor de riesgo que rebasa los alcances de su intervención pedagógica. Desde su perspectiva, la labor educativa desarrollada dentro del CERSAI requiere articularse con estrategias institucionales posteriores al egreso, capaces de acompañar a las personas adolescentes en su reincorporación familiar, educativa, laboral y comunitaria. De lo contrario, los avances logrados durante el internamiento pueden debilitarse frente a las mismas condiciones estructurales que antecedieron su ingreso al sistema de justicia penal.
Consideraciones finales
El estudio permite sostener que la delincuencia juvenil en el estado de Chihuahua constituye un fenómeno multifactorial, configurado por trayectorias de vida atravesadas por condiciones de vulnerabilidad social, familiar, educativa y económica. Estos factores, lejos de operar de manera aislada, se articulan con dinámicas de violencia estructural, exclusión, consumo problemático de sustancias y reclutamiento o instrumentalización por parte del crimen organizado. En este sentido, el contacto con el sistema de justicia penal y la privación de la libertad durante la adolescencia pueden intensificar dichas vulnerabilidades y desventajas sociales, con impactos negativos en los procesos de madurez, desarrollo emocional y construcción de proyectos de vida.
La actividad docente en el CERSAI 1 representa una praxis educativa compleja y altamente especializada. Los hallazgos del estudio no permiten establecer relaciones causales directas entre la intervención docente y la desistencia delictiva posterior al egreso, pues ello requeriría estudios longitudinales con seguimiento postinternamiento. Sin embargo, a partir de las percepciones de los propios docentes y con respaldo en la literatura especializada, se documenta que la construcción de vínculos de confianza, el acompañamiento emocional y la adaptación pedagógica al contexto de encierro constituyen condiciones que favorecen la motivación académica y la planificación de proyectos de vida basados en la legalidad.
En este contexto, no es posible afirmar conclusiones definitivas sobre la efectividad de la reinserción social ni sobre la reducción de la reincidencia sin contar con seguimiento longitudinal y evidencia directa sobre las trayectorias de los adolescentes posteriores al egreso del centro. En cambio, el estudio de caso analizado permite mostrar que la construcción de vínculos de confianza y el reconocimiento de las historias de vida de los adolescentes favorecen el acompañamiento pedagógico y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Asimismo, se identifica que la atención prioritaria a las necesidades afectivas de los adolescentes en detención facilita la apropiación de los procesos educativos.
No obstante, la información obtenida mediante las entrevistas en profundidad también revela importantes limitaciones estructurales propias del sistema penitenciario juvenil en el estado de Chihuahua; entre ellas, destacan la escasez de recursos materiales, la insuficiencia de mecanismos de seguimiento postinternamiento y las condiciones institucionales restrictivas que priorizan el control y la seguridad sobre la formación integral y el desarrollo humano. Asimismo, las limitaciones presupuestarias obstaculizan la implementación de prácticas pedagógicas adecuadas y evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de justicia penal juvenil a nivel estatal.
Las principales contribuciones del estudio de caso y del análisis interpretativo de las respuestas obtenidas mediante las entrevistas en profundidad se concentran en dos dimensiones fundamentales: el reconocimiento de los entornos de origen y de los antecedentes presentes en las historias de vida de las personas adolescentes en conflicto con la ley, y la construcción de relaciones pedagógicas basadas en la confianza emocional. Ambas estrategias han resultado significativas para los docentes de la institución, ya que favorecen la motivación y el compromiso educativo, incluso en situaciones de aprendizaje adversas, caracterizadas por analfabetismo, rezago académico, consumo problemático de sustancias, antecedentes de disfunción familiar y hogares desintegrados, factores que pueden asociarse con problemáticas psicosociales como conductas violentas, agresiones y actos de indisciplina.
A partir de los hallazgos obtenidos, proponemos cuatro futuras líneas de investigación orientadas a profundizar en áreas prioritarias para estudios posteriores:
1. Desarrollar estudios comparativos que contrasten las condiciones y prácticas educativas en distintos centros de reinserción juvenil en México, con especial atención a entidades federativas con perfiles sociodemográficos similares al del estado de Chihuahua.
2. Realizar investigaciones que incorporen la perspectiva de las propias personas adolescentes sobre los procesos de acompañamiento docente y el vínculo pedagógico, como complemento a las percepciones del cuerpo académico.
3. Resulta pertinente llevar a cabo estudios etnográficos o de observación directa de las prácticas pedagógicas al interior de los centros de internamiento juvenil, con el propósito de contrastar los testimonios docentes con lo que efectivamente ocurre en el espacio educativo.
4. Efectuar estudios longitudinales de seguimiento postinternamiento que analicen la relación entre la participación en programas educativos durante la privación de la libertad y las trayectorias de vida de los jóvenes tras su egreso. Estos estudios deberían incluir la perspectiva de las personas adolescentes una vez recuperada su libertad a fin de valorar los procesos de reinserción social desde sus propias experiencias. Asimismo, permitirían establecer relaciones más sólidas entre la intervención educativa y las trayectorias posteriores de reintegración social, con el objetivo de generar evidencia sobre los efectos de la educación en la desistencia delictiva.
Asimismo, recomendamos continuar fortaleciendo programas educativos integrales que articulen la formación académica con el acompañamiento emocional y la planificación de proyectos de vida basados en la legalidad. También resulta necesario destinar el presupuesto público suficiente para garantizar condiciones materiales y estructurales adecuadas en los centros de internamiento juvenil del estado de Chihuahua, de modo que sea posible desarrollar procesos educativos dignos, pertinentes y sostenibles.
En conjunto, los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo y el posterior análisis interpretativo de la información recopilada aportan evidencia empírica sobre la función de los docentes en los procesos de acompañamiento educativo y socioemocional. Con ello, el estudio contribuye a un campo de investigación aún escasamente explorado en el ámbito estatal y amplía la discusión académica sobre la educación en contextos de internamiento para personas adolescentes en conflicto con la ley.
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